Después de la violenta represión de la última ola de protestas en Irán, hay informes sobre una violencia a gran escala. Según diversos informes de prensa, que se basan en estimaciones de organizaciones de derechos humanos y grupos de oposición, hasta 18.000 personas podrían haber perdido la vida en el transcurso de los disturbios. Estas cifras superan con creces las estimaciones anteriores e indican una actuación coordinada de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, la justicia iraní contradice vehementemente estas afirmaciones. Un portavoz de las autoridades judiciales declaró que hasta el momento no se habían dictado sentencias de muerte relacionadas con las protestas. Las autoridades oficiales subrayan que los procedimientos contra los manifestantes detenidos se llevan a cabo de acuerdo con los principios del Estado de derecho. No obstante, los observadores informan de una situación precaria de los derechos humanos y una represión masiva contra los críticos del sistema.
Los observadores internacionales expresan su preocupación por la falta de transparencia de las autoridades iraníes. Mientras que los organismos estatales hablan de la restauración del orden, los informes desde el extranjero dibujan un panorama de persecución sistemática. La verificación exacta del número de víctimas sigue siendo extremadamente difícil debido a la libertad de prensa restringida y al control de la información en el país.
