En una votación nominal, el Bundestag alemán aprobó el jueves la transformación del Bürgergeld (subsidio ciudadano) en una nueva Grundsicherung (asistencia social básica). La ley, que entrará en vigor gradualmente a partir del 1 de julio de 2026, marca un cambio significativo en la política social alemana. El Gobierno reacciona así a la ajustada situación presupuestaria y al objetivo de integrar más rápidamente a las personas aptas para el trabajo en el mercado laboral.
Los puntos clave de la reforma son el endurecimiento de las obligaciones de cooperación y un sistema de Sanktionen (sanciones) ampliado. Si se rechazan ofertas de trabajo o medidas de cualificación razonables, en el futuro se aplicarán recortes inmediatos en la prestación básica del 30 por ciento durante tres meses. Especialmente drásticas son las normas sobre el incumplimiento de citas: a partir de la tercera cita perdida en el Jobcenter (oficina de empleo), se puede producir una retirada total de las prestaciones, que puede afectar también a los gastos de alojamiento y calefacción al mes siguiente. Los Jobcenter también obtendrán la potestad de exigir certificados médicos en caso de ausencias repetidas.
La coalición formada por la Union (CDU/CSU) y el SPD defendió la nueva regulación como un equilibrio necesario entre solidaridad y responsabilidad individual. Mientras que la Union celebró el fin del Bürgergeld como el cumplimiento de una promesa central, representantes del SPD destacaron que se mantendrán mecanismos de protección para familias con niños y normas de casuística en mercados de vivienda tensos. Hubo críticas de Die Linke (La Izquierda) y Die Grünen (Los Verdes), que advirtieron sobre el descenso social y la estigmatización de los afectados. La nueva regulación prevé además que los refugiados de Ucrania reciban en el futuro prestaciones con arreglo a la Ley de Prestaciones para Solicitantes de Asilo, siempre que hayan llegado después del 1 de abril de 2025.
